Van a pagar!, las entidades locales van a pagar sus deudas «históricas» con las pequeñas y medianas empresas. Con la reciente aprobación de la norma que regula el procedimiento a seguir por los ayuntamientos y otras entidades locales para pagar sus deudas anteriores al año 2012, se pretenden varios objetivos, y entre ellos la loable finalidad de que los pequeños empresarios obtengan liquidez y vean satisfechos sus créditos.Lejos de hacer consideraciones acerca de si es acertada o no la medida, de si después de esperar varios años para que la Administración local pague sus deudas, «premiando» a que se le haga una quita en la deuda, a que se renuncie a los intereses devengados y a las costas judiciales que ha tenido que soportar el legítimo acreedor, repito lejos de hacer consideraciones de acierto o no, lo que llama la atención es la incongruencia que se produce en nuestro ordenamiento jurídico y la aparente amnesia de nuestro legislador a la hora de aprobar las normas y el mensaje de fondo que parece transmitirse.
Hace unos años se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico, una norma de especial importancia para las relaciones económicas entre empresas y entre empresas y la Administración, bajo el título simplificado de ley de lucha contra la morosidad, y en la que se establecían unos plazos para efectuar los pagos y las consecuencias por la mora en el incumplimiento de esos plazos. Esta norma fue modificada no hace demasido tiempo, estableciendo un período transitorio de implantación de unos plazos máximos en los que se debe cumplir los pagos por la Administración. Sin embargo, la aprobación de este plan lo que ha venido a poner de manifiesto es el reconocimiento de que la es la Administración la que no cumple con lo establecido en la ley de lucha contra la morosidad, que no es una norma realmente eficaz, al menos frente a ella. Esperemos que de ahora en adelante, se cumplan los plazos establecidos y no volvamos a repertir esta situación.
Pero como decía, ¿qué mensaje se pretende realmente transmitir? ¿Qué la Administración no cumple con las normas que se aprueban y que están vigentes? ¿Qué si después de no cumplir con su obligación de pago, te pagará antes si encimas renuncias a cobrar parte del precio que se pactó? Al final, parece existir un mensaje de fondo preocupante, la Administración se convierte en un castillo inexpugnable que no puede ser vencido, que «incumple» con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y por este motivo está dando argumentos a aquellos que se plantean acerca de qué legitimidad tiene la Administración para exigir el cumplimiento de las normas.
Para no llegar a ese extremo, vamos a pensar y confiar de que somos protagonistas y testigos de todos los cambios que se están produciendo, y que en nuestras manos está hacer las cosas de otra manera.
Fila 7 