Los profesionales del Derecho y de la Economía tenemos que estar enormemente agradecidos a nuestros legisladores y gobernantes por su incesante labor en la aprobación de leyes, decretos, reglamentos,… Este volcán normativo quiere ser generador de confianza y parece estar amparando el principio de seguridad jurídica de la ciudadanía, pero lejos de esta pretensión tan honorable, quizás nos estemos alejando realmente de alcanzar y respetar ese principio de seguridad jurídica que establece el art. 9 de nuestra Constitución.
El Tribunal Constitucional dice que el principio de seguridad jurídica «protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles…». Esta afirmación exquisita en su redacción, creo que toma un gran valor en estos momentos, porque estamos presenciando unos cambios normativos que no creo que alcancen la calificación de razonablemente previsibles. Nos estamos encontrando en muchas ocasiones que las decisiones que vamos a adoptar, ya sean en el ámbito doméstico como empresarial, que se han adoptado ajustándose al marco normativo vigente y con unas consecuencias económicas y sociales, que se han previsto, pueden ser alteradas de forma repentina por un cambio legislativo no previsible.
Sin duda alguna, el principio de seguridad jurídica parece no ser verdaderamente respetado, y las consecuencias de un escenario de este tipo, es que los agentes económicos deciden no tomar decisiones, y la ciudadanía en general se encuentra inmersa en una situación de confusión, se produce una cierta sensación de miedo.
¿Es casual todo lo que está pasando? ¿Se está vulnerando la Constitución Española?
Fila 7 